Estas acciones aunadas a las 14 nuevas centrales que ya están en construcción, 8 en proceso de licitación y 2 más que entrarán en licitación el próximo año, permiten garantizar el suministro de energía durante la gestión del presidente Fox y los años posteriores a esta…”

Si consideramos que en estos tres años la demanda eléctrica solamente habrá crecido un 5% (1.6% por año), y la capacidad de generación se ha incrementado en un 17% respecto de diciembre del 2000, parece que estamos muy lejos de una crisis que pudiera derivar en apagones.

231 MMP son para incrementar la capacidad de generación en 25,000 Megawatts.

130 MMP son para el sistema de transmisión.

107 MMP son para el sistema de distribución.

86 MMP son para mantenimiento de instalaciones

Los permisos de autoabastecimiento y cogeneración otorgados para Enron – Tractebel, Iberdrola, Termoeléctrica Peñoles y Termoeléctrica del Golfo, están generando actualmente 7.8 Terawatthoras al año, que significan un 5% sobre las ventas totales del sector eléctrico en 2002. Este 5% equivale al crecimiento de la demanda en este primer trienio de la actual administración federal.

De darse el crecimiento de 5.1% anual en las ventas de electricidad, los productores independientes entregarían a CFE 754 Terawatthoras en el período 2002-2011. Como estas inversiones son de pago diferido, el pago acumulado en esta década sería de 75 mil millones de pesos. O sea, no tienen que erogarse en diez años 231 mil millones de pesos, sino solamente 75.

¿Por qué se sigue mencionando que el sector eléctrico no puede hacer frente a sus requerimientos de 563 MMP? Restando los 231 MMP que corresponden a centrales generadoras, se requiere invertir solamente 333 MMP.

¿Por qué se afirma que CFE se sigue endeudando?

En el último reporte a la Cámara de Diputados que se envía semestralmente, los PIDIREGAS de CFE han generado ingresos por 21 mil millones de pesos y egresos por 12,500, lo que comprueba que sí han sido proyectos autofinanciables.

Si tomamos como referencia los resultados del año 2002, se registran 78.9 mil millones de pesos (MMP) de gastos de explotación y 3.5 MMP de gastos administrativos, siendo estos dos conceptos erogaciones reales.

También se consideran como gastos 30.7 MMP para dos conceptos que no son realmente ejercidos: obligaciones laborales (12.2 MMP) y depreciación (18.5MMP). Cabría aclarar que los gastos de explotación ya incluyen 9.5 MMP para mantenimiento y reposición de instalaciones, y los sueldos de 20,000 trabajadores jubilados representaron en este año 3.6 MMP.

El estado de resultados también registra un impuesto de aprovechamiento a CFE por 40 MMP, y con esta última cantidad se totalizan cargos adicionales a la operación por 70.7 MMP: Estos cargos son tan grandes que casi duplican lo que realmente se gasta CFE en la explotación total para cubrir los combustibles, los pagos a productores independientes, la mano de obra, y el mantenimiento de instalaciones.

Posteriormente surge una compensación mediante un subsidio virtual de 42.5 MMP, que tampoco se le otorga a CFE: De esta manera se elimina virtualmente el remanente que realmente genera CFE, porque de quitarle 70.7 MMP y después “regresarle” 40.2 MMP, finalmente le aplican una sustracción de 28.2 MMP.

Cabe puntualizar que en los 78.9 MMP de gastos de explotación ya se incluyen los pagos a los productores independientes de electricidad, incluyendo los costos fijos de inversión de estas plantas privadas y el mantenimiento de las mismas. Estos productores independientes generaron un 10% de la electricidad total en el año 2002.

Los ingresos por ventas de CFE en el 2002 fueron 118.1 MMP, sin incluir subsidios de las tarifas agrícola y doméstica, estimados en 14 MMP. Esto nos lleva a afirmar que de recibir CFE estos subsidios de parte del gobierno federal, sus ingresos debieron ser de 132 MMP.

Si partimos de los ingresos y egresos reales de CFE, los flujos reales de efectivo debieran ser:

MMP

Ingresos _____________________ 132

Gastos _______________________ 86

Remanente ___________________ 46

No se propiciaría la competencia, porque seguiría existiendo un oligopolio: Un complicado mercado al menudeo de 20 millones de usuarios atendido por CFE, con la mitad de ellos subsidiados. Y por otra parte, un cómodo y ventajoso mercado mayoritario de 8,000 usuarios, con el 40% de las ventas nacionales atendido por los generadores privados extranjeros, utilizando los sistemas de transmisión y distribución de CFE para llegar a estos usuarios, pagando precios de porteo y respaldo muy subsidiados.

Existe también el riesgo de especulación con la venta de electricidad a las industrias, porque en la propuesta del Presidente Fox de agosto del 2002, se propone la creación de un mercado eléctrico abierto con precios desregulados para las ventas que harían los generadores privados.

En la Unión Americana solamente 17 estados continúan con la apertura eléctrica, y el precio medio de venta en todas las tarifas en estos 17 estados, es de 7.8 centavos de dólar por kilowatthora, que es 11% más alto que el promedio en todo USA, y es 20% superior a la media de todas las tarifas en México.

El año pasado se argumentaba en la propuesta del Presidente Fox, que existe obsolescencia en 44% de las unidades de CFE, porque tenían más de 30 años de vida activa; recientemente el Secretario de Energía menciona que es un 30% de unidades obsoletas.

La verdad es que en 1973 CFE tenía 7,500 Megawatts instalados en plantas, que significan un 18% de lo disponible al 2003. Como la mitad de la capacidad en el año 1973 son hidroeléctricas que pueden durar varios siglos en operación, llegamos a concluir que lo realmente antiguo es de solo un 9%, y generalmente se utiliza en horarios punta; más que reponer esas unidades con un cierto grado de obsolescencia, únicamente se requiere de un mantenimiento adecuado, que representa mínimos costos.

Cabe mencionar que CFE cuenta con unidades competitivas que en su mayoría comprenden tecnologías de punta, y nuestro parque de generación es bastante más joven que el de la Unión Americana; A manera de ejemplo, producir electricidad a base de carbón importado le cuesta a CFE solamente un centavo de dólar por KWH; sumándole 2 centavos para cubrir la inversión de la planta (aunque ya está amortizada), resultaría más barata que los ciclos combinados, sin importar que algunas plantas de carbón tengan 20 años de haberse instalado.

Hasta 1995 siempre se dispuso de las reservas operativas de generación necesarias para asegurar la confiabilidad del suministro, en particular a fines de 1995 se tenía un 50% de reserva, que afortunadamente era un tanto excesiva. El problema fue que de enero de 1996 a diciembre de 1999, CFE solamente puso en operación menos de 2,000 Megawatts, que significan el más bajo incremento por período en toda la historia moderna de CFE. El motivo de este comportamiento fue que el Gobierno Federal destinó a CFE una mínima parte del presupuesto requerido, con dos objetivos fundamentales: Apuntalar mayormente el presupuesto de ingresos de la federación, asimilando los remanentes y subsidios de CFE; y de promover los esquemas de inversión privada de pago diferido, denominados Pidiregas y PIE. Esta situación derivó en que se presentaron los riesgos extremos en la confiabilidad del suministro.

Realmente los productores independientes que promueve el gobierno han venido a solucionar un problema que el propio gobierno creó. No representa tal salvación, porque este esquema no es la única opción que tenía el sector, porque de haber obtenido financiamiento en la construcción de plantas, se lograrían tasas más bajas (7 en vez de 12.5% anual) y no dependeríamos de grandes transnacionales, que ahora presionan al gobierno para que se modifique la constitución y puedan apropiarse de la renta eléctrica nacional.

Se está partiendo del supuesto de que al privatizar la industria eléctrica se tendría mayor inversión, lo cual no es cierto: La planeación a 10 años que elabora CFE permite programar inversiones con mínimo costo de la expansión total. El programa de inversiones sería el mismo, independientemente de si es ejecutado por la CFE o por inversionistas extranjeros.

La experiencia en las obras de transmisión y subtransmisión ejecutadas bajo el esquema Pidiregas, demuestra que no hay promoción al empleo bien remunerado: Las grandes empresas extranjeras que financian los paquetes de obras concursados, han desplazado a varias decenas de empresas medianas mexicanas, los costos unitarios de las obras se han duplicado, y se subcontrata a los mexicanos a precios muy bajos.

En este año 2003 producirán el 22% de la electricidad total que se consume en México, y para el año 2011 su producción para venta a CFE alcanzará un 62% del total.

Como para estas empresas extranjeras se cobran precios de porteo y respaldo muy subsidiados, el Director de CFE también mencionó en la citada comparecencia, que “…hemos ya solicitado a la Comisión Reguladora de Energía que las tarifas de porteo, las tarifas por el uso de las líneas de transmisión reflejen el costo completo que tiene para CFE incluyendo los costos financieros y los rendimientos sobre la inversión la construcción de esas líneas, de tal manera que de darse más proyectos de autoabastecimiento o de aprobarse el esquema planteado CFE obtenga la recuperación adecuada por la utilización de su sistema de transmisión...”

Con la transferencia de 8,000 grandes industrias a los productores privados, en el 2011 el 40% de la energía total de CFE será para ellos, y el sector público dejaría de percibir 40 mil millones de pesos de utilidades.

De realizarse la reforma eléctrica propuesta por el Gobierno Federal, en la próxima década la CFE disminuiría sus ventas en 353 MMP y sus utilidades después de haber cubierto inversiones, se reducirían en 217 MMP.

Obviamente no es necesario vender un solo metro de cable de los activos de CFE, para regalar la parte más rentable de esta paraestatal.

La propuesta de reforma constitucional debería enfocarse exclusivamente a eliminar esta falta de consistencia legal, sin embargo tanto en su versión de agosto del 2002, como en la más reciente presentación descriptiva, plantea un cambio al artículo 27 de la Constitución, que no solamente daría certidumbre al esquema de productores privados de energía: Además modifica radicalmente el concepto de servicio público, sustrayendo del mismo a los consumidores industriales, que son 130 mil usuarios y representan un 60% de la energía total; esto permitiría a los inversionistas privados venderles electricidad a través de la red eléctrica de CFE, en un mercado abierto desregulado en el que la compra – venta de electricidad se efectuaría mediante contratos bilaterales entre dos empresas privadas.

De todo esto se desprende que la intención del gobierno con su propuesta de reforma, es legitimar jurídicamente lo ya realizado por las empresas privadas extranjeras en la generación de electricidad, como situación de facto y contraviniendo flagrantemente el texto constitucional actual.

Si se afirma que el esquema productor independiente se apega al marco jurídico, ¿para qué quieren cambiarlo?

¿Para que la intención de aclarar la situación de los productores independientes, si esa figura desaparecería con la reforma que propone Fox? ¿O acaso los productores independientes no buscarán participar en el mercado? ¿Por qué si ahora los productores independientes tienen una buena rentabilidad buscarán entrarle al mercado?

Se parte del supuesto que los legisladores simplemente tienen que aceptar apriori de que hay que crear un mercado. Es claro que el Ejecutivo, no puede imponer esta condición al Legislativo.

En la forma planteada no es posible que la CFE pueda competir en condiciones de igualdad con los productores privados. Se establece en la propuesta que CFE seguirá bajo control presupuestal y pagando un impuesto de aprovechamiento excesivo, arbitrariamente establecido por el gobierno.

Además, una empresa pública de la magnitud de la CFE no cabe en un mercado eléctrico, precisamente por su enorme poder de mercado. La misma creación del mercado exigiría el desmantelamiento de la CFE y LFC, que en última instancia es que pretende el gobierno con su propuesta .

Afirmar que CFE está en posibilidad de competir, significa que podría invertir en la construcción de nuevas centrales. Se presenta entonces la contradicción de que finalmente esta paraestatal sí dispone de los recursos para invertir en la generación de electricidad.

¿Acaso tendrían interés las transnacionales en abastecer el complicado mercado al menudeo de más de 20 millones de usuarios atendido por CFE, con la mitad de ellos subsidiados?

Solamente una tercera parte de los estados de la unión americana han seguido adelante en el proceso de desregulación de los mercados eléctricos. Los precios medios de la electricidad en estos estados desregulados, son 11% superiores a los precios medios de toda la Unión Americana.

En Guatemala ha sido crítica la crisis de abasto y también los precios de la electricidad.

En República Dominicana la apertura eléctrica ha derivado en una tragedia de apagones generales y una huída de las transnacionales, no sin antes cobrar importantes ganancias por su intervención.

En Argentina tras la devaluación, el gobierno se vio obligado a impedir la indexación de precios de la electricidad, incurriendo en un subsidio próximo a los 20 mil millones de dólares. Se ha presentado una fuerte oposición de las propietarias españolas y francesas del sistema eléctrico, quienes se niegan a invertir en la expansión del mismo.

Los recientes apagones en Nueva York, Londres, Italia y Dinamarca, deben hacernos reflexionar sobre los riesgos del modelo de apertura que conlleva la reforma propuesta por el Gobierno Federal.

Como ya citamos en el punto 6 A, en la Unión Americana solamente 17 estados continúan con la apertura eléctrica, y el precio medio de venta en todas las tarifas en estos 17 estados en el 2002, es de 7.8 centavos de dólar por kilowatthora, que es 11% más alto que el promedio en todo USA, y es 20% superior a la media de todas las tarifas en México.

Es pertinente aclarar que la privatización de la CFE, exige la integración de un fondo de aproximadamente 120 mil millones de pesos, para hacer frente a las obligaciones laborales. Esta aberración y, la pérdida de las utilidades de CFE por haber transferido los grandes usuarios a la iniciativa privada, significaría ni más ni menos la liquidación de la CFE.

Además, sería de poca utilidad conservar los activos de transmisión y distribución, si se pretende asegurarles a los inversionistas privados el suministro de los grandes usuarios, sustraídos a CFE. En caso de falla es importante puntualizar que cualquier falla en los sistemas de transmisión y distribución, serían reclamados jurídicamente al Estado. La experiencia internacional demuestra que los tribunales se llenan de asuntos contenciosos por esta y otras causas. Por lo general, se hace presente la presión diplomática para forzar el fallo a su favor.

Cuando algo falle el Estado tendrá la culpa y tendrá que pagar; será el chivo expiatorio.Si se queda con esas actividades tendrá que invertir en ellas. ¿En que quedamos? ¿Tiene o no tiene dinero el Estado para invertir en electricidad en la transmisión y distribución?

¿Cuál planeación si lo que quieren es crear un mercado?

La planeación es la antitesis del mercado.

Con el mercado desaparece la planeación normativa, es decir, la que sí es obligatoria para todos los operadores. En su lugar queda la planeación indicativa, es decir, la que nadie tiene la obligación de respetar.

¿Como se garantizará que el gobierno fije reglas claras y precisas, y no se repita las imprecisiones de la reforma de 1992?

Que CFE conserve esas actividades no significa que alguien vaya a invertir en generación y que los generadores se abstengan de manipular el mercado.

En el mercado eléctrico que propone Fox el control efectivo del suministro eléctrico está en manos de lo generadores. El despachador solo se encarga de despachar en orden de mérito la electricidad que le propongan los oferentes. El transmisor sólo transporta lo que fue despachado. Y el consumidor sólo recibe lo que fue generado. Es decir, el usuario está a expensas de la buena voluntad de lo que decidan los generadores. ¿Cuál Rectoría del Estado? ¿Acaso obligará a los generadores a poner a trabajar sus maquinas? Si los obliga ya no es mercado es un sistema de comando y control como el que existe en este momento.

Que se continúe evaluando la eficiencia de la CFE con base en criterios de productividad.

¿En que se fortalece la rectoría del Estado si ya se está realizando esa actividad? Seguir haciéndolo no requiere una reforma legal, mucho menos una reforma constitucional.

De entrada están mal, pues en un mercado el regulador debe ser una autoridad independiente de otra manera sería presa fácil de la injerencia política.

El gobierno no plantea darle autonomía a la CRE que ha probado ser una agencia capturada ideológicamente por el liberalismo y actuar más como agencia de promoción de inversiones que como regulador.

¿En que asegura esa falta de transparencia y esa ineficiencia implícita el sano desarrollo de la industria eléctrica?