5-May-03
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no
atiende el área estratégica de Rendición de Cuentas”.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no atiende el área estratégica de Rendición de Cuentas”, debido a que no reveló su información respecto a los pasivos de la empresa por un monto de 24 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Tan sólo en el rubro de “balance pasivo-deuda” de la CFE, la Auditoría promovió 16 acciones y dos de ellas rebasan la esfera de la paraestatal. La primera va directamente contra la secretaría de Hacienda, al solicitar al Órgano Interno de Control (OIC) “sancione” a la Dirección General de Crédito Público de dicha dependencia por la autorización, sin base legal, de diez proyectos con un costo de tres mil 443 millones de pesos fueran presentados como Pidiregas en cuatro créditos suscritos por la empresa.
La segunda es una solicitud para que intervenga la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) para que se pronuncie respecto a la actuación de su contraloría regional en Baja California, sobre la verificación de 11 casas habitación parte de un proyecto de la CFE, en las cuales se incrementó su valor sin contar con el convenio respectivo.
Sin embargo, con los cambios legales de las atribuciones de la Secodam le corresponderá a la propia ASF fincar las responsabilidades pertinentes.
Otros 18 mil 328 millones de pesos fueron objeto de observaciones debido a que la CFE “no reveló en las notas de sus estados financieros los pasivos contingentes” de nueve proyectos que fueron reportados como terminados en 2001, debido a esto, en caso de que se rescindieran los contratos de obra “por casos de fuerza mayor o imputables a la paraestatal”, la CFE “tendrá la obligación de adquirir las instalaciones y asumir los pasivos de estas inversiones”.
De los tres mil 320 millones de pesos que restan, la ASF consideró necesario que el órgano de control de la CFE inicie el procedimiento administrativo para que los funcionarios responsables de los estados de situación financiera de la empresa de 2001expliquen por qué no incluyeron la totalidad del rubro de los arrendamientos financieros.
En la revisión del primer año de gobierno foxista, la ASF señala que “la CFE al no revelar en sus estados financieros y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la totalidad de sus pasivos, las instancias fiscalizadoras y los inversionistas no tendrán información confiable” sobre la paraestatal, por lo que la insta a cumplir con la normatividad y mejorar la comunicación y el control interno de sus gerencias regionales.
De esta forma, el mayor número de observaciones que se hicieron a la CFE se encontró en el rubro de cuentas de balance pasivo-deuda en donde se formularon ocho observaciones que generaron 16 acciones promovidas, de las cuales 12 fueron para adecuar el registro de la deuda, corregir deficiencias administrativas y fortalecer el control interno.
En las cuatro restantes se solicitó la intervención del órgano de control; en dos de ellas para que verifique por qué no se revelaron diversos pasivos; en la tercera que se refiere directamente a la SHCP para que sancione la autorización como Pidiregas de cuatro créditos que debían ser considerados como directos y finalmente para que la Secodam revise por qué se hicieron las modificaciones en la ubicación, características y acabados de las casas accesorias de un contrato de obra.
De los demás capítulos que se revisaron respecto a materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles y obra pública, las observaciones tuvieron menor impacto económico.
En lo que a las auditorías practicadas en los rubros de obras públicas e inversiones físicas el impacto económico fue de 36 millones 484 mil pesos y 7.3 mil dólares y las acciones de la ASF consistieron en 46 recomendaciones y 16 solicitudes de aclaración.
Respecto a las solicitudes de aclaración, la ASF requiere a la CFE compruebe reintegros de intereses generados por pagos de obra que después dedujeron, así como de amortizaciones por anticipos en las erogaciones.
Asimismo se detectaron casos donde no se formalizó la entrega-recepción de obras entre la CFE y los proveedores.
El campo dejará un boquete de 34.5 mil mdp
Como parte del Acuerdo Nacional para el Campo el gobierno hará un sacrifico fiscal por 34 mil 503 millones de pesos que contemplan una serie de concesiones especiales, política que va en contra de lo denunciado por el Banco de México y organismos internacionales como la OCDE para mejorar el sistema tributario.
El gobierno dejará de recaudar más de 10 mil millones de pesos al hacer válido el programa “cuenta nueva y borrón” para los campesinos además de 15 mil millones por un régimen simplificado y un subsidio por tarifas eléctricas que tendrá un costo de ocho mil 540 millones de pesos, todo a cargo de los contribuyentes
También se prevé otro costo derivado, no especificado, de un nuevo programa de apoyo a deudores en cartera vencida en la banca de desarrollo del sector agropecuario, forestal, pesquero y rural.
Aunque en el acuerdo se hace mención de que para asegurar la viabilidad y financiamiento, se buscarán nuevas fuentes de ingresos tributarios, distintas a las aprobadas para el 2003.
Dichos recursos provendrán de los gobiernos locales y de las actividades productivas de las zonas rurales.
En el marco de la reforma fiscal que requiere el país, se asegurará que se incrementen los recursos públicos a fin de dotar de mayor sustentabilidad a lo previsto en el Acuerdo
Nacional para el Campo.
Por otro laso, se señala sin precisar la forma, que se trabajará en el fortalecimiento de las fuentes actuales de los ingresos públicos para contribuir al fortalecimiento del sector del campo.
Más subsidios
El gobierno implantará una tarifa eléctrica nocturna con 50% de descuento que correrá de las 10 de la noche a las seis de la mañana, independientemente del consumo.
Se pondrá en marcha un programa de rescate y reestructuración de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad en las zonas de riego por bombeo, en el cual se utilizarán las condiciones vigentes en la Ley de Energía para el Campo.
En el documento base se hace mención de que se publicará un nuevo acuerdo que dé permanencia a la nueva política tarifaria para el sector agropecuario, en función a referencias internacionales que abarcará un periodo del 2003 al 2006.
Sin embargo para algunos secretarios de Finanzas estatales, existe cierta contradicción del gobierno, al detener la entrega de los recursos excedentes petroleros ante el peligro que representará la reducción de las cuotas eléctricas aprobada por el Senado.
Su precaución está fundamentada en que al entrar en vigor dicha medida, el gobierno tendrá menores ingresos que podrían generar un recorte al presupuesto.
Para el caso del diesel agropecuario, se terminará la formalización del procedimiento aplicable al programa, se realizará la inscripción al padrón del mismo y se instrumentarán los mecanismos que permitan que este programa opere en plenitud.
Hacienda, bajo la lupa