Oficio de
Papel
Miguel Badillo
El Universal
Lunes 13 de agosto de 2001
Primera sección ..
Negociaciones entre Semarnat y Pemex Exploración
Presunta corrupción en el Instituto Federal Electoral
Investigación de la PGR en contra de David Peñaloza
Un caso para la Secretaría de la Contraloría es lo que ocurre desde marzo pasado en Pemex Exploración y Producción (PEP), subsidiaria que habría contratado a 35 funcionarios que, hasta el primer trimestre del año, trabajaban en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De manera conveniente, la paraestatal ubicó a los ex funcionarios de la Semarnat en su Dirección de Impacto Ambiental y de Riesgos.
Estas contrataciones en paquete no tendrían ninguna relevancia ni irregularidad, si no fuera porque al interior de la paraestatal se comenta que el responsable de PEP y el gerente de la unidad Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (ASIPA) habrían llegado a un acuerdo con el titular de la Semarnat, Víctor Lichtinger, para que los 35 funcionarios fueran contratados con recursos del sector petrolero.
Aparentemente, el pago de la nómina para los ex funcionarios de la Semarnat proviene de los recursos de ASIPA, a pesar de que seguirían reportando al equipo de Lichtinger. La mecánica de dichas contrataciones tendría como objetivo ocultar la maniobra a la Contraloría Interna de ambas dependencias y a la propia Secodam, pues no sólo se pondría en tela de juicio la aplicación de los recursos, sino la transparencia con la que Pemex y Semarnat desarrollan las auditorías y los procesos ambientales vinculados con la operación de la paraestatal. La situación resulta preocupante frente a la responsabilidad ecológica que involucra el desarrollo de megaproyectos como la Cuenca de Burgos, con más de mil obras en Tamaulipas y Nuevo León, en Tabasco con más de 100 obras y Cantarell con 150 obras. Sabemos, además, que los enviados de la Semarnat a Pemex mantienen contratos en los más altos niveles de los departamentos en los que se les ha ubicado, con sueldos que van de los 15 a los 29 mil pesos mensuales. Por supuesto, las organizaciones sindicales de ambas dependencias desconocen esta situación.
Por ello, les informamos que algunos de los servidores públicos contratados por Pemex son 14 de la Dirección de Impacto Ambiental (tres subdirectores y 11 jefes de departamento) y 12 de la Dirección de Riesgos a cargo de Jorge Bolaños Cacho Ruiz (un subdirector y 11 jefes de departamento). Los contratos de estos funcionarios de la Semarnat se encuentran en la Dirección de Personal de Pemex Exploración y Producción, a cargo de Raúl Escalante.
Ilegalidad en el IFE
En el Instituto Federal Electoral se ha incurrido en conductas indebidas que han llevado a ese órgano a la ilegalidad y, tal vez, hasta a la corrupción. El caso de ilegalidad se inició cuando la Contraloría Interna del IFE aplicó sanciones, sin tener facultades para ello, contra cinco funcionarios de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores porque, según las investigaciones, cometieron irregularidades en el ejercicio de recursos que ocasionaron un quebranto patrimonial a la institución por 4.5 millones de pesos, al utilizar indebidamente desde 1993 la cuenta de cheques número 1158542-9 de Bancomer.
Al momento del quebranto patrimonial al IFE, el presidente de la Comisión del Registro Federal Electoral era el maestro Juan Molinar Horcasitas, quien renunció en noviembre del 2000 para incorporarse como subsecretario de Gobernación, pero durante su responsabilidad como funcionario del IFE nunca reportó las acciones indebidas que se cometieron en la comisión que presidía. Pero al margen de esa omisión del actual subsecretario de Gobernación, la ilegalidad se presenta porque la Contraloría Interna del IFE no tiene facultad resolutiva y sancionadora, pues de acuerdo con el criterio adoptado por el ex secretario de la Contraloría, Arsenio Farell Cubillas, esa Contraloría Interna es autónoma de la Secodam y sólo depende del Consejo General del IFE.
Por lo anterior, convendría atacar la corrupción y los actos indebidos a través de autoridades competentes y de acuerdo con la normatividad existente. Baste recordar que el 10 de agosto de 1999, poco antes de iniciar el proceso federal electoral del 2000, el ex titular de la Unidad de Contraloría Interna del IFE, Carlos Muñoz Villalobos, atendió una denuncia del PRI y emitió una resolución indebida al pretender destituir a Jesús Cantú Escalante, quien tuvo una posición relevante como presidente de la Comisión de Organización Electoral, y al final el que fue cesado por los consejeros electorales al no apegarse a la legalidad fue Carlos Muñoz y lo sustituyó Mario Espínola Pinelo en la Contraloría Interna.
También se debe reconocer el desempeño demostrado por el consejero electoral Jaime Cárdenas, presidente de la Comisión de Administración, quien ha exigido que la Secretaría de Hacienda ejerza sus facultades para fiscalizar y exigir de informes financieros de las empresas de los amigos de Vicente de Fox que apoyaron su larga campaña hacia la Presidencia de la República, con el fin de que la Comisión de Fiscalización del IFE, a cargo del maestro Alonso Lujambio Irazábal, tenga datos confiables para confrontar si los gastos efectuados se llevaron a cabo conforme a la ley.
Como lo dio a conocer mediante el dictamen del Despacho Mancera, el costo de operación y prerrogativas que erogó el IFE durante el año 2000 ascendió a 8 mil 300 millones de pesos, debido a que reintegró a Hacienda 228 millones de pesos del presupuesto no ejercido, mientras que del utilizado 41% fue para apoyos a partidos políticos y asociaciones, 32% para servicios personales y solamente 4% fue para incremento al patrimonio, motivo por el cual está obligado a rendir certeza, imparcialidad y buenas cuentas; sin embargo, dicho órgano autónomo muestra serias deficiencias al tener personal parcial, principalmente priístas, que no cubren el perfil de acuerdo con el catálogo general de puestos autorizados, como es el caso de biólogos y médicos veterinarios zootecnistas adscritos en áreas sustantivas. También tendrán que revisar es el gasto excesivo que hace el IFE en difusión en años no electorales, por lo que el actual presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, el consejero Jesús Cantú, deberá poner orden y exigir se realicen campañas de difusión profesionales y cuyo impacto pueda ser medido, pues lo demostrado en las últimas elecciones es un elevado abstencionismo. Y por último, alguien en el IFE debe quejarse por la pérdida de algunos productos editoriales que se han dejado caducar en las bodegas de ese órgano electoral.
Créditos irregulares de Nafin
La limpia de créditos mal otorgados en Nacional Financiera en épocas del priísmo se ha iniciado con las investigaciones en contra del empresario David Peñaloza, presidente de Tribasa, quien enfrenta una denuncia penal en la Procuraduría General de la República por el delito de fraude. El supuesto ilícito se remite a la época en que Gilberto Borja Navarrete y después Carlos Sales Gutiérrez dirigieron Nafin y otorgaron financiamientos por 40 millones de dólares a Tribasa, empresa que hasta la fecha sólo ha devuelto 7 millones, de tal forma que el quebranto asciende a 33 millones de dólares. Para la integración de la averiguación previa, la PGR ya citó a los representantes de la empresa y, una vez concluidas las investigaciones, el caso será consignado ante un juez federal, quien decidirá finalmente si Peñaloza y los ex directores de Nafin son responsables del delito de fraude y daño patrimonial.
Nacional Financiera apoyó la capitalización de Tribasa a través de la adquisición de tres pagarés de mediano plazo, a 90 días, por un monto cada uno de 10 millones de dólares, los cuales fueron renovados periódicamente por la empresa hasta en 76 ocasiones, situación irregular que permitió el entonces director general del banco Sales Gutiérrez.
El financiamiento de Nafin a Tribasa correspondió a un apoyo gubernamental "autorizado desde el más alto nivel federal", según reconoció el propio abogado de la empresa, por lo que podrían estar involucrados el propio ex presidente Zedillo; el ex secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, o algún otro secretario de Estado. La justificación para beneficiar a Peñaloza fue que había un atraso en el pago de las indemnizaciones carreteras por parte del gobierno federal y el quebranto que esto le ocasionó a Tribasa por su participación en las autopistas concesionadas. Por el cuantioso quebranto en perjuicio de Nafin, el procurador Rafael Macedo de la Concha atiende personalmente las investigaciones para evitar que se vuelvan a cometer errores, y ahora indaga si Tribasa simuló la garantía con acciones de su participación en la empresa Aeropuertos del Sureste, mediante la integración de un fideicomiso "fantasma".
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