Amenazan diputados a inversiones de gas
Por Jonathan Ruiz y José Ángel Vela
REFORMA
(03 Abril 2004).-
Piden controversia constitucional en CSM. Intentan legisladores declarar ilegalidad de Contratos de Servicios Múltiples
Empresas que participan en los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) para producir gas natural en la Cuenca de Burgos advirtieron que podrían retirarse de los proyectos si prospera una iniciativa promovida por el PRD para declarar inconstitucionales esos documentos.
El líder de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez Alvarez, planteó el jueves una "proposición" que intenta parar el mayor proyecto de Pemex para la producción de gas natural no asociado.
Pidió a los diputados apoyar mediante un punto de acuerdo la creación de una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia analice el cumplimiento de los CSM con la Carta Magna.
Respecto a esta propuesta, el director general de Repsol Exploración México, Guillermo Alvarez Iglesias, dijo que la empresa acatará la decisión final de las autoridades.
"En ningún momento pensamos que fuera ilegal, (pero) si ahora se determinara que son ilegales (los CSM), supongo que nos dirían que nos fuéramos y nos marcharíamos".
Durante una entrevista efectuada en el marco del ciclo de conferencias "Hacia una Seguridad Energética Norteamericana", Alvarez advirtió que Repsol saldría del País, previo pago de una indemnización por las inversiones realizadas hasta la fecha del eventual fallo de la Corte, si éste no les favorece.
"Eso sería absolutamente nefasto para el País, porque a ver quién se atreve a invertir aquí (después)".
Expresó que el contrato firmado entre Repsol y Pemex estipula que la primera debe invertir 42.5 millones de dólares durante el primer año de su estancia en la región, que sería el tiempo aproximado que tardaría la Corte en dar una solución.
Sin embargo, el panista Francisco Javier Salazar, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, explicó que esta iniciativa debe ser aprobada primeramente por la Comisión de Puntos Constitucionales, instancia ante la que fue presentada.
Posteriormente, el pleno de la Cámara votaría el punto de acuerdo, y de prosperar, esta propuesta se turnaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El año pasado, Pemex dividió en siete bloques una parte de la Cuenca de Burgos durante la primera ronda de licitaciones de los CSM para licitar trabajos de exploración y producción de gas en cada uno de ellos.
De esos, cinco fueron licitados y con cada uno de los ganadores la paraestatal firmó un Contrato de Servicios Múltiples.
En cada uno de ellos, Pemex declaró que los mismos no violan disposición legal alguna.
Expertos legales señalaron que por este hecho, las empresas afectadas por una probable ilegalidad de los contratos podrían pedir una indemnización, sustentadas en el Código Civil Federal.
Cintia Angulo, directora de la empresa Electricité de France en México, dijo que en los contratos que firman los productores externos de energía con la CFE, se establece que aunque un problema nacional paralizara las plantas por falta de suministro de gas, la paraestatal pagaría a los inversionistas la energía contratada hasta por un plazo de 25 años.
Angulo se promulgó a favor de la definición total de la legalidad de estos contratos amenazados desde su creación.